TRATANTES Y PROXENETAS: LO QUE REVELAN LOS EXPEDIENTES

 

por Milva Benitez

La Plata encabeza la lista de condenas y de causas iniciadas en el país por el delito de trata de personas pero los prostíbulos siguen abiertos, como pasó con el famoso local donde explotaban a Roxana Dos Santos, allanado ya al investigar su asesinato. Perfil de las sentencias y números de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos.

Roxana1Las artes y las mañas del crimen organizado se develan en los expedientes judiciales. En la capital de la provincia de Buenos Aires, desde que se sancionó en 2008 la ley que persigue la trata de personas son 32 las causas abiertas en la justicia federal, pero sólo 9 las sentencias por este delito. La batalla es cultural y la poca visibilidad de estos procesos no colabora en desterrar a tratantes y proxenetas que –concluido el litigio– suelen reabrir los locales donde las mujeres son explotadas y las niñas, abusadas. Los grandes ausentes en estos debates son los mal llamados clientes, que la mayoría de las veces no son convocados siquiera como testigos en juicios orales cuyo resultado queda atado a los testimonios de las víctimas.

En otros casos, ni siquiera los tratantes quedan expuestos en juicios orales y públicos. En el país, de un total de 81 condenas el 30% (26) se resolvieron en juicios abreviados (un procedimiento previsto por la ley procesal que consiste en un acuerdo entre un fiscal que acusa por un hecho y estipula una pena, y un imputado que reconoce su participación, asume su culpabilidad y acepta o negocia la pena). Estos datos aportados a OTROS CÍRCULOS son recogidos anualmente por la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, que asiste a los fiscales de todo el país en la persecución de este delito.

En La Plata una de las primeras sentencias se resolvió en un juicio abreviado. Al confirmar los procesamientos los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones se apoyaron en el relato de una de las mujeres rescatadas en el prostíbulo que funcionaba en la calle 38 entre 14 y 15 en plena zona residencial de la capital bonaerense: “llegada al lugar…fue anoticiada de la verdadera naturaleza del trabajo a realizar, esto es, ejercer la prostitución. Ante su negativa, fue encerrada en el lugar y obligada bajo amenazas a mantener relaciones sexuales con eventuales clientes”, dijeron. En noviembre de 2010, por ese y otros testimonios, Humberto Gabaglio Galeano, María Blanca y Ever Velázquez fueron condenados; pero solo la mujer tuvo una pena de cumplimiento efectivo (4 años de prisión para los que logró acordar el beneficio de la prisión domiciliaria).

Veracruz: escena repetida, mujer descuartizada y proxenetas absueltos

En la Justicia ordinaria se juega otra batalla. Por cuestiones de competencia los juzgados provinciales ponen el foco en los delitos asociados a la trata como la facilitación, la promoción y la explotación de mujeres en prostíbulos que aún prohibidos funcionan a la vista de todos. Hasta la modificación a la ley de trata en 2012 (después de que se conoció la absolución de todos los acusados de los delitos de secuestrar y obligar a prostituirse a Marita Verón) sus alcances eran limitados. “Se aplicaban multas y penas menores por la llamada ley de profilaxis que desde 1937 prohibe el funcionamiento de prostíbulos en todo el país”, explicó a OTROS CÍRCULOS una fuente cercana a estas investigaciones y agregó que “rápidamente los responsables quedaban libres y reabrían los locales”.

En 2009, Colombo inició una investigación por el funcionamiento de Veracruz. Un prostíbulo en la calle 43 Nº 316, entre 1 y 2, lindante al hotel Marini, donde las mujeres hacían “los pases”. No era la primera vez que las pesquisas judiciales hacían foco en el local ubicado a la vuelta de la comisaría de la Mujer en la capital bonaerense. Nueve años antes ese lugar “ya habría sido allanado en el marco de otra causa en la que se investigó el asesinato de Roxana Dos Santos”, dijo el fiscal en el expediente. Roxana había llegado de Paraguay y tenía 22 años cuando en marzo de 2000 parte de su cadáver apareció descuartizado en un descampado en el barrio de Los Hornos.

Miguel Fernández saltó a los medios platenses como el principal sospechoso. Regenteaba el prostíbulo donde la chica era explotada sexualmente y al conocerse el asesinato se fugó. El local ya era mencionado como Veracruz, en una nota publicada en el diario Hoy dos años después se lee:

“Allí vivían una decena de menores de edad dedicadas al negocio de la prostitución (dice el diario como si esa elección fuera posible). Las condiciones eran infrahumanas, dijo la testigo (…) e hizo mención a los enrejados que se erigen en el pasillo y que, según detalló, no servían sino para evitar que nos escapáramos”.

En octubre de 2006 los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata absolvieron a Fernández por el asesinato de Roxana. Asistido por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Silvia Petroff, logró que los magistrados consideraran que no tenían suficientes pruebas para acreditar que estuvo en la escena del crimen (una supuesta fiesta en una casa en el barrio La Favela de La Plata). “Ni siquiera pudo probarse ese escenario”, afirmaron en la sentencia. Pero, como ha había sucedido en 1998, lo encontraron responsable del delito de promoción y facilitación de la prostitución.

En 2009 Colombo apuntó a quienes aparecían como los titulares del local, los hermanos José Martín y Oscar Enrique Iturria. La tradición del Veracruz en los pasillos judiciales se consolidó: en octubre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata los absolvió. Basados en los dichos de las mujeres encontradas en el lugar cuando se hizo el allanamiento, afirmaron que “en lo sustancial, todas ellas manifestaron que se encontraban en el lugar allanado por propia voluntad y que siempre recibían un porcentaje de dinero según lo que cada una acordaba con José Martín Iturria” y dieron por cierto estos datos para absolver a los hermanos. De lado quedó que todas estas mujeres vivían situaciones de extrema vulnerabilidad, pobres y venidas de República Dominicana o Paraguay, por los “pases” y las “copas” que hacían estaban obligadas a dejarle a Iturria un 30% y hasta un 50%.

Ese fallo se da de bruces con la definición que semanas atrás dio el juez Diego Tatarsky que condenó al regente y al dueño de un prostíbulo que funcionaba en las afueras de La Plata. Los encontró responsables por beneficiarse de la explotación de la prostitución ajena (un delito de competencia para la justicia ordinaria). La sentencia del juzgado de Primera Instancia en lo Correccional nº 5 es novedosa porque deslinda el testimonio de las víctimas como pieza fundamental para dictar una condena y presta atención a las otras pruebas detectadas durante el allanamiento (libreta de “pases” que en un 50% quedaban en manos del dueño, preservativos, habitaciones con colchones apestosos y mujeres jóvenes con poca ropa y hombres dispuestos a pagar para usar su cuerpo). Las mujeres rescatadas fueron 5, solo tres de ellas volvieron a dar testimonio en el juicio oral pero a Tatarsky “todas impresionaron como vulnerables”. En la sentencia el juez afirmó que “ninguna mujer en el estado de vulnerabilidad que se advirtió en el debate va a reconocer que alternaba en el local” y a la hora de valorar la prueba el juez prefirió no “esconderse tras formalidades” y afirmó que supeditar la condena al testimonio de las víctimas -la más de las veces “desprotegidas y necesitadas”- es observar el juicio “de espaldas”.

Los números de la trata
Anualmente los tratantes esclavizan a millones de personas para obtener réditos estimados en 32 mil millones de dólares (de los cuales más del 85% proviene del mal llamado “comercio sexual”). Las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas -principalmente de bajo nivel socioeconómico-. En seis años, desde la sanción de la ley que persigue este delito hasta octubre del año pasado, se abrieron 240 causas judiciales que involucraban la explotación de los cuerpos de mujeres y niñas encerradas y abusadas en prostíbulos (a veces camuflados como bares, whiskerías o privados) o a familias enteras obligadas a trabajar por sueldos de hambre (o por nada) y en pésimas condiciones en talleres textiles, plantaciones o en el rubro de la construcción, por ejemplo.


Elaboración propia según datos aportados por PROTEX

Los números relevados y sistematizados por PROTEX muestran a La Plata como una de las jurisdicciones que tiene mayor cantidad de sentencias, junto a Mar del Plata y a Paraná. Nueve en cada caso. Como en la cantidad de sentencias, La Plata también encabeza el listado de cantidad de causas abiertas (32 en total), seguida por Córdoba con 30 causas y Capital Federal con 26 pero con solo dos condenas.

En los expedientes también salta a la vista la situación en la que se encuentran las víctimas de estos delitos. En 100 de 130 de estos expedientes los medios por los que caen en manos de los esclavistas son el engaño y el abuso de la situación de vulnerabilidad en la que viven. Los relatos sobre hijos pequeños, historias de hambre, abusos y abandono previos a la explotación son frecuentes. Y los que se aprovechan son hombres en más del 60% de los casos.

Al ritmo mucho más acelerado que los expedientes, al lado de los grandes centros comerciales o a la vera de las rutas, en los avisos en teléfonos públicos o en los tachos de basura, la oferta sexual se multiplica. A los ojos de cualquier transeúnte, las imágenes de cuerpos desnudos ponen sobre relieve un delito que lleva más de un siglo de mutación y permanencia, para el que jueces y fiscales todavía no parecen lo suficientemente entrenados en detectar y menos en condenar.


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