por Anibal Silvero.
El miércoles 5 de marzo es otra fecha que se le cargará a la historia política de Closs, por su propia decisión. Fuerzas de seguridad de la provincia desalojaron violentamente un corte de ruta que organizaban docentes y organizaciones sindicales por un reclamo salarial de los primeros a la altura del puente de Garupá, sobre Ruta 12. En las siguientes líneas expongo algunas apreciaciones, desde mi enfoque particular, a modo de crítica constructiva, para vislumbrar las razones y las consecuencias que derivó en algunos heridos, y 19 detenidos.
En primer lugar, vamos a sincerarnos, a ningún ciudadano común le cae en gracia los piquetes. «Le están jodiendo la paciencia a la gente», dice el Gobernador Closs, lo que es cierto, y es lo que diría cualquier persona que se situase en cualquiera de los dos lados del corte. Y la cuestión es que si los policías no se metían a disgregar a la gente lo iba a terminar haciendo algún camionero loco, después de estar seis horas esperando bajo el tórrido sol misionero que se despeje el camino. Porque este tipo de protestas tiene un error fundamental: la falta de apoyo popular. Qué apoyo van a tener, si las gentes no pueden enviar a sus chicos a la escuela, ni pueden ir a trabajar porque los accesos están totalmente bloqueados.
Hay protestas que al contar con apoyo popular no generan repudio alguno. Hace unas semanas un grupo de personas fueron a la casa de la titular del Concejo Deliberante de Posadas a pintarle lo que quisieron en la pared y mucha gente celebró el hecho, incluso gente que pertenece a la Renovación y que ayudó a esta persona a estar en el lugar que está.
Y un ejemplo de protesta con poco apoyo popular sucedió hace unos meses atrás. Entonces, los choferes de colectivos de Posadas hicieron una protesta contra el empresario Zbikoski, para ello no trabajaron durante todo un día, o sea ese día no hubo colectivos en Posadas. Consecuencia: mucha gente tuvo que ir en taxi al trabajo, otra no pudo siquiera ir porque los taxis no daban abasto. Llamadas a los remises, largas esperas, gente caminando. Bronca, bronca, bronca. Digo, qué clase de protesta inteligente hacen los choferes de colectivo contra su empleador o patrón haciendo que todo el pueblo vaya caminando a su oficina. Nunca la gente va a apoyar a estos trabajadores con un reclamo tan poco inteligente. En cambio, si los choferes hubieran subido a los colectivos y hubieran llevado a todo el pueblo al trabajo, a la escuela y a sus casas totalmente gratis, allí sí hubieran perjudicado verdaderamente a su patrón y hubieran tenido un apoyo popular masivo.
Una de las conclusiones, entonces, si querés que tu protesta tenga éxito, es que hay que tener el apoyo de la gente también ante cualquier acción. Y desde el otro lado, también tiene que tenerlo el Gobernador, que necesita encontrar los mecanismos para que el pueblo lo vea como un líder carismático.
La gente siempre va a estar a favor de la víctima. Y en este caso, las víctimas fueron quienes hacían la protesta. El desalojo hubiera sido popularmente aceptado si hubieran sido los policías las víctimas y no la gente. Y si creen que esto es una utopía, vean algunos videos de desalojos en EEUU y Europa, donde los policías son un escudo de resistencia y no un arma represora. Pero para eso hay que reeducar a nuestras fuerzas de seguridad.
En este corte, lo paradójico es que ambos sabían que el desenlace era inevitable, tanto el Gobernador que a la mañana dio la orden y dijo que asumía el costo político, como los manifestantes, que se les comunicó la orden judicial de desalojo. ¿No será que ambos bandos, Estado y oposición, buscaban sus propias crónicas? Esto es todavía mucho más grave que el desalojo en sí, porque hace caer a las partes en un juego de dos demonios que si continúa en escena nunca lleva a buen fin.
La cuestión es que cortar la ruta nacional es un delito, y lo sigue siendo aunque el reclamo o argumento por el que corten sea totalmente legítimo, y aunque quienes lo hagan se envuelvan con la bandera argentina y canten el himno nacional a cuatro voces.
Entonces, permítanme repartir la culpa de lo que pasó en el puente Garupá a varios sectores: a los manifestantes, que aún después de saber que la orden judicial era un hecho seguían esperando el avance de los agentes y gendarmes, y al Estado, que no sabe encontrar canales de diálogos adecuados para contener a la oposición, ni sabe disimular sus arreglos con los sindicalistas (la titular de UDPM, Stella Maris Raquel Leverberg, es diputada nacional aliada de la Renovación, y sólo falta que le nombren Defensora del Pueblo, para que el círculo sea más evidente), y como si esto fuera poco, que el Ministro de Gobierno no sepa medir la fuerza de ataque que tiene sujeta en la mano derecha, agentes entrenados dispuestos a salir a quebrar brazos -al mejor estilo Steven Seagal- ante el primer guiño oficial. No es ningún secreto que nuestras fuerzas de seguridad primero se les educa para reprimir y después para defender. Las pruebas están a la vista, usan más la lanza que el escudo, porque nunca se les enseñó a usar más el escudo que la lanza.
Está mal cortar una ruta nacional para joderle la paciencia a la gente, al decir de Mauri, pero también está mal salir a reprimir protestas, aunque lo peor de todo es la falta de habilidad para resolver esto sin llegar a una forma evidente de violencia. Eso mancha la imagen democrática y no lleva a buen fin, si no, a ver quienes tienen el Manual del buen Gobierno, ¿cómo continúa esto? ¿Qué otros pilares seguirán levantando para construir la Democracia, a costa de golpes, forcejeos, fracturas de brazos y dislocamientos de hombros?
Ambos bandos tienen intereses cruzados aunque comunes, y en ocasiones lo acrecientan embarrando la cancha. Muchos periodistas hacen notas editoriales y columnas de opinión resaltando que sí hay un importante aumento salarial docente y repudian el reclamo legítimo de estos, citando cifras, números y contabilidades aritméticas. Pero lo cierto es que son pocos los que vivirían seis meses con un sueldo de un maestro jubilado. Porque en el medio de toda esta batahola está el docente, que tiene que arrastrar el estigma de ser poco escuchado, porque una tiza pesa menos que una pistola (los policías, en un contexto parecido, consiguieron un sueldo de 8 mil pesos sólo insinuando que iban a hacer una protesta).
Tampoco está clara la convocatoria a integración de fuerzas de los grupos políticos oficialistas que juegan siempre a quedarse con toda la torta. No poseen esa sintonía de «Vamos a construir la patria juntos», sino más bien la visión egoica de «Mi grupo está constuyendo la democracia», y «te sumás y construimos juntos o te convertís en oposición». Este proceso ya lo conocen quienes estudian historia. El del otro grupo, primero pasa a pensar distinto. Luego se convierte en opositor. Luego en un enemigo. Por último, sobreviene la guerra o la guerrilla. Así sucedió siempre en toda la historia de la humanidad, y va a seguir sucediendo mientras de ningún lado se entienda este proceso.
Una de las chicanas oficialistas es que hay un dirigente opositor que gana casi 20.000 pesos. Pero no te cuentan que Leverberg gana el doble sólo como diputada nacional, sin contar el ingreso como dirigente gremial, que todo sumado da decenas de veces más que lo que gana de básico un maestro jubilado. Además, está claro que es poco ético que sea diputada nacional por la Renovación y a la vez «luchadora social» de los docentes de Misiones. Otro error de la Renovación que, para garantizar el negociado, pone a alguien con un cargo en el Congreso que los represente a ellos, en vez de poner simplemente alguien leal y de confianza que represente a los docentes, pero que juegue para ellos.
Ahora, surge otra cosa extraña en este tema, cómo puede ser que ambos -Estado y Oposición- se quejen de falta de diálogo. Ambos títulos de ambas editoriales son calcados, pero acusando al otro. Ambos hablan de violencia, pero acusando al otro. Entonces, tenemos dos posibilidades: uno de los dos miente o los dos dicen la verdad. ¿No será que ambos adolecen de intercomunicadores responsables para llegar a acuerdos, y entonces caen en el facilismo de culpar al otro?
Otra cosa llamativa es que teniendo la orden judicial, la venia del Gobernador, cientos de personas que daban el okey, una docena de periodistas que avalaban el hecho, y el poder constitucional, los agentes de policía se sacaron sus identificaciones antes de lanzarse a cumplir la obligación judicial. Decidámosnos: jugamos a la democracia o no, y sí respondemos que sí, no hay nada que ocultar, el agente está cumpliendo la orden de un juez, por qué avergonzarse u ocultar su nombre por ello -esto sólo es explicable si había alguna intención oscura de por medio-.
En conclusión, sostengo que estaría bueno encontrar representantes genuinos en ambos sectores para evitar que se produzcan más cortes, y peor aún, que por cada corte se produzca una quebrada.
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Anibal Silvero es escritor
