Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán en América Latina.
Decenas de personas de una comunidad Wichí en la provincia de Formosa están procesadas mientras reclaman justicia por el asesino de uno de sus miembros. “Estamos seriamente amenazados. A nosotros nos acusan de robo e incendio, viene de una denuncia trucha y es mentira; pero el asesino de nuestro hermano Víctor Segundo vive en libertad”, dice Agustín Santillán, referente de la comunidad Wichí Barrio Obrero en Ingeniero Juárez en el noroeste de la provincia. Son 24 los originarios Wichí imputados de “incendio” y “robo en poblado y en banda”, entre otros delitos.
De hecho, en la lista están personas que probadamente no estaban en la localidad el día de los supuestos delitos, por ejemplo Mauricia Torres, imputada de “robo en banda” estaba embarazada y en un hospital. Entre los imputados por robo y amenaza se encuentra también Hugo Torrico. Él es discapacitado, es manco y camina con bastón. “Ponen cualquier nombre”, dice Santillán.
Los imputados deben presentarse a partir del 5 de Marzo en el juzgado de instrucción y correccional de Las Lomitas, a unos 160 kilómetros de su comunidad, o pagar una multa de $2500 a $30000 cada uno. “Pero no sabemos ni cómo llegar”, dice Santillán.
Los delitos de la causa armada contra los Wichí, supuestamente fueron cometidos el 25 de Junio 2013. De hecho, ese día en lugar de cometer un “robo en banda” los Wichí se manifestaron para reclamar justicia. Tres días antes el joven Wichí de 16 años Víctor Segundo, el tío de Santillán, fue golpeado brutalmente. De acuerdo con testigos, Víctor se había sentado frente a un comercio:“Es de un criollo, que no quiere que nosotros los indígenas ensuciemos su vereda, y lo golpeo”. El joven desfigurado por los golpes fue trasladado a la terapia intensiva del Hospital Central de Formosa donde murió después de dos días de agonía. El 25 de Junio fue devuelto a su familia cosido y vaciado de sus órganos.
En lugar de detener al comerciante Ignacio Franco, a quien testigos identificaron como asesino del joven Víctor, la policía detuvo a otro joven Wichí que trabajaba en el comercio como supuesto golpeador. Entonces, ese 25 de Junio la comunidad Wichí en Ingeniero Juárez se levantó en su indignación, por la falta de justicia, la violencia y la violación de otros derechos fundamentales como el acceso al agua. Además poco antes una integrante de la comunidad Wichí había sido violada y asesinada.
Miembros de la comunidad se acercaron hasta la casa del comerciante, cuando intervino la policía. Diferentes comunidades Wichí se movilizaron con cortes de rutas para reclamar la liberación del inocente y la detención del culpable. Lo lograron, pero más tarde el comerciante Franco, según integrantes de la comunidad Wichí un protegido del intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Mendoza, fue liberado. Al mismo tiempo y la causa del “robo en banda” contra los Wichí reclamando justicia fue armada.
