Por Arnaldo Bocco
La controversia entre la República Argentina como Estado soberano y los Fondos Buitres que litigan por la legalidad de una demanda de pago considerada injusta por nuestro país, va subiendo en intensidad y gravitación.
En la semana que pasó ni la Corte Suprema de los EE UU consideró aún en su primera reunión del año la solicitud del Gobierno nacional, donde tramita una de las iniciativas solicitadas por Argentina para reconsiderar las decisiones tomadas en tribunales de instancia menor sobre la igualdad entre acreedores que ingresaron al canje y los que no lo hicieron (fondos especulativos y con actuación censurada), y la posterior decisión del Juez Tomas Griesa de volver sobre uno de los temas mas ríspidos y recordar que no aceptará otro domicilio de pago que no sea el estipulado por los contratos de los dos canjes de deuda realizados en 2005 y 2010, levantan una temperatura que presagia un conflicto de proporciones diplomáticas más que jurídicas.
Más allá de los análisis realizados por especialistas pro mercado y por algunos medios locales, que apuntan a arreglar con los buitres, es imposible convalidar la decisión de la justicia de NY (el pago de casi 1500 millones) porque la Justicia no usa argumentos jurídicos, económicos ni financieros sino políticos. Censuran una política económica que ha seguido no solo Argentina sino otros países emergentes al desendeudarse de los organismos multilaterales de crédito y de los acreedores internacionales.
Argentina ha pagado todos y cada uno de sus compromisos externos hasta alcanzar la cifra de 173 mil millones de dólares, que es a todas luces un monto abrumador ante la demanda de actores que bien podríamos identificar con una suerte de Patri financiera mundial.
En los días que vienen Argentina trabajará en diferentes planos para seguir con la batalla más dura. En lo jurídico, en lo económico y en lo diplomático. En este último escenario es donde se juega la batalla y donde se están haciendo los mejores esfuerzos para equilibrar los desajustes y silencio de las autoridades internacionales.
Lo que está explícito en nuestras posiciones es que Argentina no dejará de cumplir con quienes negociaron los canjes mencionados y tampoco pagará a los fondos buitre.
Contra lo que sugieren los actores locales, pagar a los buitres sería convalidar una injusta demanda y someter al Pueblo a hacerse cargo de una derrota cuando hubo posibilidades de acuerdo que no se respetaron.
La batalla no ha terminado, por eso la estrategia debe ser alimentada cada día con actores internacionales que ejerzan presiones y una influencia adicional decisiva para torcer decisiones injustas e inequitativas.
