NO TAN INDEPENDIENTE

 

 
 

Por Silvia Torres 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en tiempo record todas las leyes de la democracia para encarar reformas en el sistema judicial argentino. Mientras, en distintos tribunales y en la propia Corte, duermen decenas de procesos no menos sustanciales. Martillo de la Justicia

La decidida lucha por ampliar derechos económicos y sociales que lleva adelante el Gobierno nacional presidido por Cristina Fernández de Kirchner descorrió el telón de los subrepticios movimientos y presiones que ejercen los poderes fácticos sobre todos los estamentos del Estado, en beneficio exclusivo de su incansable voracidad económica y en la construcción de un poder que mueve los hilos de la política y la justicia, conforme sus necesidades.

 

Sin dudas que el ejemplo paradigmático de esta situación lo constituye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, aprobada por una amplia mayoría transversal en octubre del 2009, cuya aplicación total se encuentra paralizada por las sucesivas cautelares y por la falta de definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dando acabada muestra, una vez más y por si hacía falta, de las limitaciones que tiene el Poder Judicial para dar respuestas democráticas a las demandas populares y cuando se trata de limitar el inmenso poderío de los grupos hegemónicos.

 

Claro que no es lo único, ya que la CSJN demostró que no está dispuesta a avanzar en ningún tipo de transformación que limite esa connivencia -¡tan perjudicial para el desarrollo de la democracia!-, que permita perfeccionar el sistema republicano que garantice el respeto de los derechos soberanos del pueblo. Los cortesanos, además de violentar la Constitución Nacional en cuanto a la edad límite de 75 años que deben tener jueces y cortesanos (Carlos Fayt tiene 95; Enrique Petracchi, 78; Servini de Cubría, 78 y no son los únicos), se opusieron a todas las leyes recientemente aprobadas por el Parlamento que buscaban democratizar al sistema judicial imperante y, siguiendo esa misma línea, una de sus integrantes, Carmen Argibay, se manifestó en contra de los juicios por jurado porque “no tenemos garantías de que sea un juicio sereno y de que no esté contaminado por la mirada periodística, no tenemos garantía de que no haya sido presionado por parte de la víctima o de los imputados”. Se estaba refiriendo a los ciudadanos que integran los jurados y no a los jueces que, aparentemente y según su criterio, no reciben presiones periodísticas, ni de los buffetes de famosos abogados, ni visitas subrepticias de poderosos personajes, ni prebendas en forma de lujosos viajes, etcétera.

 

Dentro de este estado de cosas y contrariamente a la velocidad con que la corporación judicial se expidió en las leyes para corregir sus vicios, hay una serie de procesos que duermen una larga siesta en cajones de la impoluta justicia nacional. Todos ellos tienen una característica que los atraviesa: Sus protagonistas son conspicuos personajes del poder y sin agotar la larga lista de privilegios, algunos de los casos más resonantes son:

1)      Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en poder de la Corte luego de transitar varios juzgados debido a cautelares que beneficiaron al Grupo Clarín -la red de medios que hegemoniza la comunicación en la Argentina- y la Cámara pertinente.

2)      Crímenes de lesa humanidad de Papel Prensa, iniciada en el 2010, sin mayores avances procesales.

3)      Lavado de dinero, que involucra entre otros a directivos del Grupo Clarín, con denuncia de hace más de cinco años.

4)      Estafas del Grupo Clarín a jubilados aportantes a las AFJP.

5)      Tarifas de Cablevisión, con definiciones parciales incumplidas por la empresa.

6)      Funcionamiento ilegal de Fibertel.

7)      Grilla de Cablevisión.

8)      Recuperación del Predio de La Rural, no se hizo lugar.

9)      Espionaje del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas ilegales, en espera de fecha para el juicio oral.

10)  Causa UCEP, también contra Mauricio Macri, por la violencia ejercida contra personas en situación de calle.

11)  Propaganda ilegal del PRO-Durán Barba, asesor de imagen de Mauricio Macri, que se llevó a cabo contra el senador Daniel Filmus, en las elecciones del 2011.

12)  Nueva ley para regular mercados de capitales, paralizada por una cautelar del Grupo Clarín.

13)  Causa Megacanje, proceso contra Domingo Cavallo y otros, paralizada.

14)  Causa diputado radical Oscar Aguad, por el destino de un crédito por 60 millones de dólares que tomó cuando fue interventor de la municipalidad de Corrientes, entre 1999-2001, canjeados por bonos CeCaCor, que nunca tuvieron rendición de cuentas.

15)  Causa sobresueldos, contra Juan Shiaretti, candidato a diputado nacional por el delasotismo cordobés, y varios ex funcionarios menemistas.

16)  Narcolavado, proceso al diputado nacional Francisco De Narváez.

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