Por Silvia Torres
Luego de cuatro años de promulgada, la Ley de Medios continúa durmiendo el sueño de los justos en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir la constitucionalidad de las partes que atacan al monopolio. Llamativa convocatoria a audiencia pública. 
“Cosas veredes, Sancho, que non crederes”, decía el Señor de la Mancha a su fiel escudero, toda vez que sus febriles visiones lo arrastraban a enfrentar fantasmas.
La frase es perfectamente aplicable a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convocó a una audiencia pública a amigos curiae, representados por cinco ongs para cada una de las partes, el Gobierno nacional y el Grupo Clarín, que deben aportar opiniones acerca de la constitucionalidad de los artículos que obligan a desinvertir al oligopolio de prensa, para deshacer su posición dominante montada sobre la acumulación de señales y empresas de cable, televisión y radioemisores.
La conducta de la CSJ es, lo menos, sorprendente, ya que luego de haberse expedido parcialmente sobre la materia cuando reclamó celeridad a la Cámara en lo Civil y Comercial porteña –la famosa instancia rebautizada popularmente como “Cámara en lo Clarín y Comercial”, en virtud de que sus integrantes habían sido favorecidos con lujosos viajes al imperio del norte, disque para realizar “cursos de capacitación”-, oportunidad en la que también había puntualizado sobre la inexistencia de violación a la libertad de expresión y solo que había una afectación al patrimonio económico.
¿Qué ocurrió, entre tanto, para que los cortesanos se vean empujados a citar a amigos curiae, en vez de abocarse a elaborar la sentencia que es de su exclusiva incumbencia y obligación, en un expediente de gran impacto mediático y con debido conocimiento público? ¿Por qué necesitan de más opiniones acerca de una ley debatida públicamente casi durante todos los años que tiene la democracia, en cientos de foros llevados a cabo a lo largo y a lo ancho del país? ¿Cuál será la razón por la cual los cortesanos no dictan sentencia per se, cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos y necesitan más opiniones a favor o en contra? ¿En qué quedaron los esperanzadores discursos del titular del organismo, doctor Ricardo Lorenzetti, cuando afirmaba que era imperioso acotar los tiempos de los larguísimos procesos judiciales? ¿Le parecerá al Dr. Lorenzetti que cuatro años desde la sanción de una ley de la democracia no es un tiempo suficiente cuando atiende cuestiones sustanciales, como es la libertad de expresión afectada por un oligopolio que extendió sus tentáculos a lo largo y a lo ancho de todo el país?
Los cortesanos, con estas conductas, están sospechados de dudar acerca de la certeza de opiniones versadas que se manifiestan mundialmente, desde los países centrales hasta los periféricos, en torno de que los medios concentrados se han constituido en la herramienta más formidable de opresión para los pueblos porque aplican una defectuosa “libertad de expresión”, solamente al servicio de los poderes fácticos y, por lo tanto, sostienen y defienden a muerte la desigualdad social. Por lo tanto, la lesión a la democracia es evidente.
Durante los cuatro años que transcurrieron desde la promulgación de la ley –sancionada luego de arduos debates y con masiva adhesión de votos transversales-, el Grupo Clarín manipuló como quiso a todos los elementos procesales a su alcance: Las cautelares fueron su instrumento favorito, con jueces amables y conniventes. Cuando hubo sentencias en contra de su voracidad, sencillamente las desconoció y las desconoce hasta el momento, como es el caso de la organización de la grilla, la censura a canales oficiales e internacionales que no responden a sus intereses o sobre las tarifas del servicio de cables, sin que por el momento el máximo tribunal haya dado señales de conmoverse.
Nadie puede desconocer, a estas alturas de las circunstancias, cómo el grupo se apoderó de su gigantesca red de medios, (denunciada hace unos años por uno de sus actuales empleados estrella, trasvestido gracias a suculenta paga: Jorge Lanata, quien, en un esfuerzo periodístico destacable, había dado a conocer por la televisión, el mapa completo del monopolio). El método utilizado fue el apriete a todos los gobiernos de turno, desde la dictadura de Lanusse en adelante, incluido haber sido partícipes de delitos de lesa humanidad conforme la denuncia de sus víctimas, los propietarios de Papel Prensa.
La Corte, ¿desconoce que el instrumento de crecimiento, desarrollo y dominación del Grupo Clarín fue la presión sobre el poder político? Todos los ciudadanos saben –o debieran de saber-, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también es un poder político.
La visita de Magnetto, el CEO de Clarín, a Lorenzetti, sorprendido por un fotógrafo hace cuatro años, ¿tendrá algo que ver con ese método que utiliza impunemente el empresario? La sentencia que algún día saldrá a la luz, sin dudas develará este interrogante.
