Por Sandra Chaher
El próximo domingo 23 de junio, los sectores antiderechos de Uruguay esperan que muchas personas acudan a las urnas para alcanzar las 655.193 adhesiones -el 25% del padrón electoral- que necesitan para poder convocar a un referéndum en octubre en el que se votaría con el objetivo de derogar o proteger la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que rige en el país vecino desde octubre del 2012. La instancia de este domingo 23 no es obligatoria y en la no concurrencia a las urnas están basando su campaña las organizaciones que promueven los derechos humanos de las mujeres y, con muy bajo perfil, el gobierno y el Frente Amplio en el poder.
“Somos optimistas. No creemos que lleguen a juntar los votos pero tampoco tenemos problemas, si llega el caso, para contraponer argumentos a favor de esta ley de despenalización del aborto que mejora las condiciones de vida y salud de las mujeres –señaló días atrás el subsecretario de Salud Pública de Uruguay, Loenel Briozzo, a COMUNICAR IGUALDAD-. Es una ley antiaborto en la que estamos apostando mucho, porque el aumento de la anticoncepción y de la educación sexual disminuyen los abortos.”
Briozzo se refiere a la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo – aprobada por el Parlamento del país vecino en el 2012- que permitió que las mujeres uruguayas accedieran a la realización de abortos medicamentosos o quirúrgicos en los centros de salud públicos y privados. Desde mediados de la década pasada, cuando fueron implementadas en Uruguay las Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo – de las que Briozzo fue activo impulsor-, las mujeres podían recibir información pre y post aborto en conserjerías de salud, en las que se les indicaba cómo proceder en el caso de un aborto medicamentoso. Lo que se agregó a partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es que estos/as mismos/as médicos/as les realizan la receta para adquirir el kit que les permitirá concretar el aborto y, en caso de que el intento con medicamentos en la casa no tuviera efecto, en la misma institución de salud deberán realizarse una intervención quirúrgica.
Si bien esta ley marca un antes y un después en el acceso al aborto en Uruguay, y está siendo estudiada para ser copiada por otros países de la región, fue muy cuestionada el año pasado por el movimiento de mujeres ya que incluye cinco días obligatorios de reflexión para la mujer que decide abortar antes de concretar la decisión, y también el paso por un equipo interdisciplinario.
Sin embargo actualmente, todos los sectores alineados con los derechos de las mujeres en Uruguay están llamando a cuidar la norma. “La ley del aborto es de ‘mínimos’, pero derogarla no da respuesta al problema” dijo hace pocos días en una entrevista Lilián Abracinskas, coordinadora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Implementación de la ley
La Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en Uruguay en octubre del 2012 por el voto positivo de 50 diputadas/os y 31 senadoras/es, el 51,5% del total del Parlamento. “En las primeras semanas hubo una demanda importante –señaló la médica Cristina Grela, responsable de los Mecanismos de Género del Ministerio de Salud Pública, en una reciente visita a Buenos Aires- En los equipos de salud que no estaban acostumbrados a estos pedidos hubo cierto susto, pero después la demanda bajó.” La cifra de cuántos abortos se realizaron hasta la fecha aún no se conoce. Se espera que el Ministerio de Salud presente el informe de los primeros seis meses de implementación de la ley en junio, luego de la realización de la votación.
Sobre cómo se está implementando, dice Grela: “Hoy no se obstaculiza el aborto en Uruguay, la ley funciona, pero también se denuncia que hay insuficientes equipos”. Briozzo opina en la misma línea: “La Ley funciona bien en todo el territorio. No ha habido complicaciones ni muertes desde que se implementó. Y hay lugares donde hay mayor objeción de conciencia que otros”.
La ley prevé tanto la objeción de conciencia –para las personas- como la objeción de ideario –para las instituciones-. Hasta el momento dos instituciones solicitaron la objeción de ideario: el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, con sedes en Montevideo y otras ciudades. Sin embargo, la objeción de ideario sólo es aceptada si estaba prevista en la constitución de las instituciones, previo a la sanción de la ley, y con ese requisito cumple sólo el Círculo Católico.
“Hay un 30% aproximadamente de médicas y médicos objetores de conciencia. No es tanto en cifras absolutas, el tema es dónde están ubicados –señaló semanas atrás la médica uruguaya Susana Rostagnol durante una visita a Buenos Aires-: En Salto, que es una de las ciudades más grandes del país, todos los médicos son objetores; y en Paysandú hay un solo médico dispuesto a cumplir con la ley. A la vez, hay médicos que plantean objeción de conciencia en relación a los abortos quirúrgicos pero no tiene problema en hacer una receta para la compra del kit medicamentoso.” En Uruguay, el complejo de medicamentos aprobados para realizar el aborto incluye misoprostol y mifepristona, pero sólo pueden adquirirse si se tiene una receta médica; si una mujer quiere realizarse el aborto por su cuenta, sin pasar por el hospital, ni esperar los 5 días de reflexión a que la obliga la ley, no se lo venderán.
Campaña
“La campaña contra la actual ley de aborto empezó ni bien la aprobaron –señala Rostagnol-. Hubo en ese momento legisladores blancos y colorados, con Tabaré Vázquez a la cabeza, que armaron una comisión para revocar la ley.”
Si bien Eduardo Tabaré Vázquez es dirigente del Frente Amplio que hoy gobierna Uruguay, fuerza política que apoya y promovió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo actual, Vázquez siempre se declaró contrario a legalizar el aborto e incluso vetó en el 2008 una ley de legalización. Actualmente es el candidato presidencial de esa fuerza política para las elecciones del 2014.
En relación al proceso actual de rechazo de los sectores antiderechos de la Ley, la campaña una recolección de firmas, 68.000, que fueron entregadas en marzo del 2013 a la Corte Electoral y que habilitaron que puedan llamar a la votación del domingo 23. La estrategia de campaña que están usando mientras recorren el país es decir que quien vaya a votar no estaría emitiendo un pronunciamiento sobre su adhesión o no a la despenalización del aborto. Lo cual es falso, ya que si concurren a las urnas 655.193 personas –es decir el 25% del padrón electoral-, esto habilitaría que en octubre de este año se realizara un referéndum para revocar o adherir a la ley.
Desde el movimiento de mujeres la estrategia es enfatizar que las mujeres concretamos los abortos aunque estén prohibidos, con lo cual apoyar la ley es acordar con condiciones de vida seguras para las mujeres.Señalan desde MYSU: “Lo que está en juego en ésta instancia de votación no es si los abortos se practicarán o no. Sin ley, los abortos se practicaban también, en forma clandestina. La verdadera elección es entre aborto legal (regulado por el Estado, con las garantías legales y sanitarias correspondientes) y aborto clandestino (negocio para algunos, riesgo para la salud física y mental y hasta la muerte para muchas, particularmente las más pobres). Quienes concurran a votar el 23, estarán votando para derogar una ley que otorga derechos a las mujeres, y al hacerlo estarán votando a favor del aborto clandestino”.
Por ahora, en Uruguay quienes hacen campaña fuertemente para que el domingo nadie vaya a las urnas son las organizaciones que históricamente defendieron los derechos humanos de las mujeres. El Frente Amplio, a cargo del gobierno que está implementando la ley –y cuyo presidente José Mujica se manifestó en varias oportunidades a favor de reconocer la existencia de los abortos http://www.hacelosvaler.org/
En relación a la intención de voto, una encuesta reciente señaló que si hoy se realizara el referéndum, el 46% de la población apoyaría la ley ya sancionada, el 38% votaría en contra y un 16% no sabe qué haría.
