por Federico Montero
A primera vista parece absurda la forma en que ciertos medios de comunicación y sectores de la oposición encararon el tema del voto joven. Lo que molesta no es el voto joven, sino el rol que tienen ciertas organizaciones en la disputa por el rumbo político en el país. Esta ampliación de derechos para un sector de la ciudadanía, como el matrimonio igualitario, no implica el cercenamiento para otros.
El impacto cuantitativo –más allá de lo positivo de las cifras de jóvenes habilitados para votar que anunció el Gobierno Nacional– tampoco afecta grandes modificaciones institucionales. El planteo de la manipulación estatal de la voluntad juvenil no parece cuadrar en un momento político donde existen expresiones de protesta de todo tipo.
Además, la juventud como tal, no existe, más que como una categoría estadística que deriva de un corte etario. Durante los 90, los sociólogos y antropólogos se referían más a la condición juvenil, heterogénea, precaria y mayoritariamente vulnerabilizada. El neoliberalismo cercenó derechos y subordinó a los jóvenes en tres aspectos clave de su transición a la vida adulta: en su relación con la institución escolar, destruyendo la educación pública; en su relación con el mercado de trabajo, eligiéndolos como blanco de un vasto mecanismo de precarización y desempleo; y en su relación con la administración de justicia, mediante la criminalización de la juventud y el gatillo fácil.
Por supuesto, los jóvenes pobres y los que se organizaban en la resistencia fueron los más golpeados en su doble condición de vulnerabilidad. Sin embargo, una singular manera de participación juvenil era parte del recetario neoliberal de políticas focalizadas. Los expertos diseñaban distintos mecanismos de «empoderamiento» mientras se destruían las condiciones sociales, políticas y económicas para las grandes mayorías de la población. La dirección de juventud era el lugar de asimilación y encasillamiento, una especie de «pelotero» político. Por otra parte, los jóvenes que realizan tareas encomiables sociales son reconocidos como ejemplo por los mismos que criticaron la ampliación de los derechos para esos mismos jóvenes.
Lo que molesta tiene que ver con una función política que es parte de un cambio de época. En Argentina y en la región, las políticas de juventud se ampliaron junto con la profundización de la democracia: se crearon Ministerios de Juventud (Venezuela), Secretarías Nacionales (Brasil), se sancionaron leyes especiales y tratados internacionales. Pero hay jóvenes – y parece que cada vez son más- que desde distintas identificaciones políticas, quieren más que eso: quieren discutir todas las injusticias que aun existen. Y peor que eso: construyen poder popular y son brazo ejecutor de las políticas más avanzadas, que afectan intereses de los poderosos de siempre.
