Todo listo. A pesar del intento del arco opositor de vaciar la discusión, el bloque del Frente para la Victoria en el Senado logró firmar en dos días los dictámenes de comisión para reformar el Poder Judicial y así poder aprobarlos en el recinto de la Cámara alta el miércoles y jueves de la próxima semana. Ayer se terminó de firmar el dictamen del último de los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, referido a la regulación de las medidas cautelares, un tema que cobró un fuerte impacto político a partir de la paralización por parte del Grupo Clarín de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en uno de sus artículos más importantes. “Nosotros creemos que ya es tiempo de terminar con esta laguna normativa y que hay que terminar –por eso la presentación de este proyecto de ley– con el negocio de la inmoralidad de las cautelares, y en particular de las eternas, porque la inmoralidad y el negocio está sustentado en el logro de cautelares eternas”, advirtió el ministro de Justicia, Julio Alak, durante su exposición.
Cerca de las 11 de la mañana, las comisiones de Justicia y de Legislación General comenzaron a funcionar con la presencia del kirchnerismo. La oposición, a excepción de la peronista disidente salteña Sonia Escudero, insistió en su estrategia de ausentarse, tratando de deslegitimar el tratamiento de las reformas por considerar que se realiza con un trámite “express”, sin posibilidad de debatir e introducir modificaciones. Después de exponer el miércoles sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y de la creación de tres Cámaras de Casación, el ministro Alak y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, volvieron ayer al Senado para abocarse a las medidas cautelares.
“Cuando se escuchan voces que tratan de ver en el proyecto de las medidas cautelares un instrumento para que el Estado no cumpla con las obligaciones que debe cumplir, podemos decir que es una gran mentira, una gran falacia. Lo que tratan es mantener esta laguna jurídica para que tengamos un Estado indefenso, pero no ante el individuo, sino ante los grandes grupos económicos, ante las corporaciones y los grandes estudios jurídicos de esta ciudad de Buenos Aires, que han sido también los elaboradores de la letra ideológica para que no exista Código Contencioso Administrativo Federal ni un procedimiento de cautelares”, explicó Alak, quien además introdujo argumentos de derecho comparado, puntualmente la existencia de regulación en la materia en varias provincias y en países como Francia, España, Italia y Alemania.
Con una alusión concreta a la causa Clarín contra la ley de medios, Alvarez desgranó las irregularidades y vacíos normativos que permitieron “que un 7 de diciembre del año 2009 se dicte una medida que limitó la voluntad popular de democratizar los medios de comunicación”. “Se ha extendido durante tres años y medio esta cautelar bajo este mecanismo. Acá se ve claramente la opacidad del sistema judicial y de este sistema jurídico”, remató el secretario de Justicia, quien remarcó que la nueva regulación “no cercena los derechos esenciales, los derechos humanos de los argentinos y argentinas”.
El proyecto de ley limita a un plazo de seis meses, prorrogable excepcionalmente por otros seis, las medidas cautelares dictadas contra el Estado. Además, los jueces antes de ordenar la medida deberán pedir un informe a la autoridad pública con un plazo de cinco días para responder. Este límite de vigencia de la cautelar, así como el requisito del informe previo, no se contará en casos en que se afecte la vida, la salud o el derecho alimentario de las personas.
A contramano de las declaraciones opositoras, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, señaló que la iniciativa “es moderada, responsable y plantea también el derecho legítimo del Estado de ser escuchado”. “No es lo mismo la relación individual ciudadano-Estado que la relación empresas y sectores económicos poderosos con el Estado. En esa relación –fíjense lo que voy a decir, sé que esto va a traer polémica– el Estado es la parte más débil”, completó Pichetto.
El oficialismo realizó tres modificaciones al proyecto remitido por el Ejecutivo. El primero, propuesto por Pichetto, habilita al juez a dictar una medida cautelar “interina” de manera inmediata y dar luego parte al Estado en casos por riesgo ambiental. Esa opción ya existía en el texto original para casos de riesgo de vida, de salud y alimentación. La segunda de las modificaciones propuestas se vincula con el conflicto de competencias entre los fueros civil y comercial y contencioso administrativo. “Cuando hay litigio entre un juez civil y otro contencioso administrativo, la cuestión deben ser resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo porque se trata de la relación entre empresas y el Estado y esto es materia de ese fuero”, explicó el senador por Río Negro. El tercer cambio fue introducido a propuesta de la senadora opositora Sonia Escudero, la única que participó del debate y que incluso convocó al profesor de derecho administrativo de la UBA, la Universidad Católica y la Austral, Fernando García Pullés, abogado del empresario Cristóbal López. Con este cambio, cuando se interponga un recurso administrativo, la cautelar no caducará ante la resolución negativa del planteo, sino que el demandante tendrá diez días más para recurrir a la Justicia y que ésta le conceda en todo caso una nueva cautelar.
Con la oposición ausente y preparando una presentación mediática para el martes, el oficialismo avanzó sin contratiempos en las comisiones. Será entonces la próxima semana cuando en el recinto del Senado se produzca el debate político parlamentario.
