LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS SEÑALIZÓ TRES EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria, señalizó hoy –viernes 22 de marzo- tres ex Centros Clandestinos de Detención en las provincias de Misiones, Córdoba y San Juan, en el marco dela conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

 

Se trata del ex Puesto Caminero policial de Pilar, en la provincia de Córdoba; la Jefatura de Policía de Misiones, y la ex Legislatura de San Juan, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico-militar como lugares de detención ilegal de perseguidos políticos.

 

EX CCD JEFATURA DE POLICÍA DE MISIONES

 

Conjuntamente con el Ministerio de Derechos Humanos y la Coordinación de Gabinete del Gobierno de la provincia de Misiones y el Municipio de Posadas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó la Jefatura de Policía de Misiones, por donde pasaron más de un centenar de personas, muchas de las cuales aún permanecen desaparecidas.

Participaron del acto la coordinadora Ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria y la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said; el gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Fabián Closs; el ministro de Derechos Humanos provincial, Edmundo Soria Viera, y el ex preso político, detenido en la Jefatura de Policía de Misiones, Ricardo Cáceres.

 

El gobernador de la provincia firmó un decreto que “rechaza todos aquellos símbolos, emblemas, imágenes y retratos o cualquier otro elemento que pueda servir para honrar injustamente a personas que hayan desempeñado algún rol activo y especialmente de mando en las fuerzas públicas que sirvieron de herramienta para el sostenimiento ilegítimo de aquellas atrocidades cometidas en contra del pueblo”.

“Cuando señalizamos este lugar queda claro que señalizamos a una época, a las personas de esa época que tuvieron el rol de mando de esa época y por sobre todas las cosas venimos a decir también nunca más a las instituciones deformadas de una República, de una provincia. En el día de hoy marcamos un lugar histórico para que nunca más se repita. No marcamos una institución, marcamos un tiempo y somos esperanzados de que este tiempo no se va a volver a repetir y que por sobre todas las cosas siempre la democracia, siempre la autoridad política, va a ser aquella electa por el pueblo la que ordene y marque los destinos de las fuerzas militares y de seguridad de la República Argentina”, reflexionó  Maurice Closs.

 

En tanto, Judith Said explicó que “esta política de difusión que estamos llevando en todo el país y principalmente aquí, tiene que ver con que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La manera que nosotros podemos garantizar el nunca más es justamente tomando conciencia de lo que fue las aberraciones de violar un estado de derecho».

A su turno, Ricardo Cáceres, sostuvo que “no es fácil estar en un lugar donde se sufrió, se lloró, en un lugar donde se vio morir compañeros”. “Jamás pensé estar hoy aquí, poder contar después de 37 años del golpe militar y 30 años de democracia. Parecía que todo esto iba a estar al olvido pero tuvimos la suerte de que surjan compañeros como el compañero Néstor Kirchner que tiró por abajo la ley de Obediencia Debida y Punto Final, porque ése fue el puntapié inicial”, destacó.

 

La señalización del ex CCD que funcionó en la Jefatura de Policía de Misiones fue declarado “de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, por impulso de la diputada nacional Silvia Risko.

 

Conformada por el Departamento de Informaciones, la Alcaldía de Mujeres y la Unidad Regional, la Jefatura fue eje de una red de centros clandestinos de detención en la provincia de Misiones.

 

En el año 2012 la Justicia Federal de Posadas condenó por crímenes de lesa humanidad a algunos de los responsables de este centro de detención ilegal.

 

EX CCD “PUESTO CAMINERO” DE PILAR, CÓRDOBA

 

La señalización del ex CCD “Puesto Caminero” de Pilar, también conocido como “La Escuelita”, se llevó a cabo conjuntamente con el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba y la Comisión de la Memoria de Pilar – Río Segundo, en un emotivo acto, con presencia de alumnos de todas las escuelas de la comunidad,familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales locales.

 

El acto estuvo encabezado por Gonzalo Vásquez, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Ludmila de Silva Catela, directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, y Carlos Borobio, único sobreviviente conocido de este centro de torturas.

 

Borobio agradeció el “trabajo militante de la Comisión de Pilar y el aporte del Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba y del Estado Nacional que hacen posible que estos lugares se hagan visibles nuevamente en el territorio, reivindicando la decisión política de Néstor y Cristina de terminar con

la impunidad”.

 

Ludmila de Silva Catela, refiriéndose a los alumnos de las escuelas, expresó: “ellos son el futuro, quienes seguirán con la lucha. El terrorismo de Estado creyó que desapareciendo los cuerpos todo iba a desaparecer: las ideas, las convicciones. Pero aquí están presentes entre nosotros”.

 

Finalmente, Gonzalo Vásquez dio cuenta del marco de la política de señalizaciones en todo el país y señaló que “en muchos pueblos nos dicen que lo que pasó durante el terrorismo de Estado aún hoy está silenciado. Y que estas placas, estos carteles hacen visible en el espacio público, en la calle y a la vista de todos, lo dicho durante años por los sobrevivientes y los familiares, por los organismos de derechos humanos”. “Las señalizaciones expresan el compromiso por parte del Estado democrático, que condena aquellos crímenes e impulsa el juzgamiento de los responsables”, agregó.

“Este compromiso debe replicarse en cada provincia y municipio de la Argentina, porque es un deber del Estado reparar el daño que el propio Estado cometió durante su fase terrorista”.

Con anterioridad al último golpe de Estado y hasta 1978, la dependencia policial fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas, dentro del circuito represivo dependiente del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2), bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército.

Demolida casi en su totalidad en 2007, el impulso de la comunidad hizo que en marzo de 2008 se inaugurara en el lugar una “Plazoleta de la Memoria”. Entre otras intervenciones, alumnos de las escuelas locales Juan B. Bustos y del IPEM Eduardo Olivera expresaron sus memorias en un mural colectivo.

En octubre de 2012 la única pared que quedaba en pie fue derribada y el mural sustraído, motivando la intervención del Estado Nacional, el Archivo y la Comisión Provincial y la Comisión de Pilar – Río Segundo en el marco de las normativas que garantizan la preservación y señalización de los sitios de memoria por su valor testimonial y judicial (ley nacional N° 26691 y provincial N° 9286) y el dictado de una medida de no innovar sobre el predio.

 

EX LEGISLATURA DE SAN JUAN

 

La señalización de la ex Legislatura provincial fue llevada a cabo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto al Gobierno de San Juan y distintos organismos de derechos humanos.

El acto contaó con la presencia de distintos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.

 

Durante la última dictadura, este ámbito fundamental de la representación democrática fue convertido por el proyecto genocida en un dispositivo al servicio de su accionar criminal.

 

Según testimonios presentados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, en el lugar se mantuvo secuestrados a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social, que fueron sometidos a todo tipo de tormentos por parte de personal militar y de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

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