El informe brindado por Cristina Fernández de Kirchner con motivo de la inauguración de un nuevo período legislativo fue hiper sustancioso en cuanto a la acción desplegada durante diez años, al tiempo que anunció una batería de leyes para iniciar el largo proceso de democratización del Poder Judicial. La oposición, como siempre, sin sustancia.
Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apabulló con ejemplos, datos y propuestas ejecutadas durante los diez años de gestión, comenzados por Néstor Kirchner en diciembre del 2003, es una verdad incuestionable. Durante 255 minutos, la Presidenta desgranó, con incuestionables dotes de oradora, información irrebatible acerca de todo lo realizado durante una década que bautizó como“la década ganada por todos los argentinos”, definición que millones de ciudadanos reconocen como cierta: Los que consiguieron trabajo digno, luego de la pulverización de las actividades económicas de la “década perdida”; los que lograron reabrir sus fábricas, sus emprendimientos agrarios, sus talleres y comercios; los que pudieron habilitar sus instalaciones hoteleras, gastronómicas y turísticas; los que pudieron ingresar por primera vez en la historia de sus familias a una universidad; los que ahora sí pueden mandar sistemáticamente a sus hijos a la escuela; los que vieron acrecentar el valor de sus bienes y sus fortunas a cifras siderales, etc. etcétera.
Y, mientras esta realidad se desnuda a la vista de quien quiera ver y de quien quiera oír, la oposición volvió a mostrar su pobreza de contenidos al comentar el discurso de la Presidenta: La acusaron de no percibir la realidad, mientras afuera miles de personas se desparramaban por las arterias recorridas por la mandataria, para saludarla, ovacionarla, fotografiarla dando fe a lo descripto por Cristina. .Era el pueblo de fiesta, una vez más y como todas las veces en que la democracia repite alguna de sus ceremonias esenciales.
No tuvieron la capacidad de explotar alguna de las carencias que pudo haber tenido –desde el punto de vista de la oposición, claro-,para dar alguna satisfacción a todo el espectro opositor argentino, incluido el mediático. ¿O es que de nuevo, lo que debe interpretarse es que los legisladores reciben letra de la usina mediática?
Entre los balbuceos de la oposición en materia de reclamos a la Casa Rosada, de nuevo la pifiaron “lunga”: Las no clases en la provincia de Buenos Aires, ¿es responsabilidad de Cristina? La “inseguridad” construida sobre delitos que se producen en zonas cada vez más definidas, ¿también es un déficit del PEN? Entonces, ¿en qué queda el tan mentado y vapuleado federalismo? ¿Se es o no se es federal para tomar las decisiones que competen a cada estamento de la administración de la cosa pública? ¿Quién es el “patrón” de los docentes bonaerenses y quién el jefe de la policía santafesina, sólo por dar dos ejemplos bien paradigmáticos?
La excepción fue lo expresado por el senador correntino que milita en las huestes radicales, Eugenio “Nito” Artaza, que se postula como candidato a gobernador en su provincia, quien expresó su vocación de trabajar juntamente con el gobernador de Misiones, Maurice Closs, y los legisladores del Frente para la Victoria del NEA a favor de los anuncios para esta región: el gasoducto, la ampliación de Yacyretá y la eventual construcción de otras represas.
La pieza oratoria presidencial será de consulta obligatoria en el futuro para escribir la verdadera historia de los argentinos, y la frutilla del postre fue el nuevo desafío lanzado por Cristina ante la Asamblea Legislativa y ante el pueblo de la Nación: La democratización del Poder Judicial, dando por cierta la fuerte convicción de la sociedad en torno de la existencia de un sistema judicial corporativo, conservador, hermético, ineficiente, alejado de las demandas populares y fácil presa de las corporaciones económicas. La ley de medios, aprobada hace más de tres años y sin que su aplicación total sea posible, es la más descarnada demostración del sometimiento de la Justicia a los mandatos de los poderosos, tanto como la aberrante complicidad de sectores judiciales con los crímenes de lesa humanidad.
Cristina también abundó acerca de las responsabilidades de otros sectores sobre situaciones que afectan la vida de los argentinos, como los episodios de inseguridad que deben ser resueltos por los estados provinciales, las maniobras del Grupo Clarín con los negocios de la AFJP, la complicidad de cierta dirigencia judía con la impunidad del atentado de la AMIA, o el pago de Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces que está ordenada por ley, pero rechazado por una acordada de la Corte Suprema de Justicia, en 1996.
Sin darse treguas, el Gobierno nacional y una Cristina fortalecida por su incansable trabajo para sentar las bases de una democracia genuina y un estado cada vez más eficiente y eficaz, ahora deberá afrontar la dura lucha contra la “familia judicial”. Una familia plagada de vicios, tan tapada por un papelerío vacuo que ya olvidó para qué existe.
La ventaja en esta patriada es que cuenta, además de con el apoyo de las mayorías populares, con una gran corriente de jueces, fiscales, trabajadores y profesionales que ya puntualizaron las extraviadas conductas de jueces y supremos y están decididos a dar batalla para la recuperación de un poder esencial para toda república democrática.
