Por Javier Rodriguez Roque
La fiscalía paraguaya ratificó su acusación a 14 campesinos mientras un acto popular los defendió y pidió justicia al cumplirse siete meses del sangriento desalojo efectuado en junio pasado en la localidad de Curuguaty.
El fiscal Jalid Rachil cerró oficialmente su investigación sobre el hecho que culminó con la muerte de 11 labriegos y seis agentes y fue utilizado como elemento fundamental en la destitución del presidente constitucional de la República, Fernando Lugo.
Paralelamente, en esta capital, se realizó anoche un acto convocado por organizaciones sociales en respaldo de los campesinos acusados, durante el cual se exhibió un filme contentivo de declaraciones de testigos y de participantes en una investigación independiente.
En el documental se reprodujeron los resultados de este último informe que señaló la presencia en Curuguaty de francotiradores con armas automáticas quienes dispararon contra labriegos y policías para provocar el enfrentamiento y matar a buena parte de las víctimas.
Se trataría, de acuerdo a ese escrutinio independiente encabezado por un jurista español, de parte de una oscura operación política, y a partir de esos disparos se practicaron muertes extrajudiciales y negativa de auxilio médico a civiles, además de decenas de heridos y detenidos.
Otro hecho que destaca fue el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega el 1 de diciembre por dos personas, frente a su esposa e hijos, en su domicilio en Yby Pyta 1, Curuguaty, departamento de Canindeyú, quien era uno de los testigos claves de la denominada masacre de Curuguaty.
La audiencia preliminar, que se pensó celebrar la víspera, se desarrollará, en realidad, el próximo 14 de febrero y en ella la defensa de los presos pretende hacer valer las pruebas presentadas, sobre todo después que el fiscal admitió basar su acusación sólo en versiones policiales.
