El incendio que provocó la muerte de dos empresarios agrícolas en la zona de La Araucanía, renovó el conflicto entre la comunidad mapuche y el gobierno chileno de Sebastián Piñera. Acusados de los hechos, el gobierno no dudo en anunciar que, de ser necesario, aplicaría la ley antiterrorista y el estado de excepción en la zona. Los mapuches denunciaron arbitrariedades en el manejo del tema por parte del poder político y judicial.
por APAS Agencia Periodística de Argentina y América del Sur
La región de La Araucanía, ubicada al sur de la capital de Chile, despertó envuelta en llamas en la madrugada viernes, cuando un grupo de encapuchados incendió la casa del empresario agrícola, Werner Luchsinger, quien murió asfixiado junto con su esposa Vivianne McKay.
Los mapuches están en la mira del gobierno, en tanto posibles causantes de los hechos de violencia, teniendo en cuenta que se han registrado en los últimos meses otros tantos incendios en la zona que podrían funcionar como actos de protesta ante la falta de respuesta del gobierno a los históricos reclamos por la recuperación de sus tierras. Según Juana Calfunao, representante de los pueblos originarios, “las movilizaciones de nuestras comunidades mapuches, que van en aumento, se deben a la falta de justicia y al rechazo a cualquier tipo de dialogo productivo sobre la restitución de nuestro territorio”.
A su vez, el hecho fue vinculado a la conmemoración del quinto aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo, asesinado por carabineros en otro de los campos de la familia Luchsinger. Según indicó el ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, en el lugar de los hechos se hallaron volantes referidos al caso. Por el momento, el único detenido es Celestino Cerafín Córdova Tránsito, quien está herido por un impacto de bala, aún no queda claro si fue a causa de un escopetazo por el fallecido empresario -hecho que lo implicaría en la causa- o como producto de los enfrentamientos durante el arresto policial.
El mismo viernes, el presidente chileno Sebastián Piñera, viajó hacia la zona de conflicto y aseguró que hará “uso de todos los instrumentos legales que el gobierno considere útiles, oportunos y de acuerdo con las circunstancias para poder utilizarlos. Pensamos que hoy lo más útil que nos resulta como instrumento jurídico es precisamente la invocación de la ley antiterrorista”. Según informó Radio del Mar, la zona concentra toda la atención del gobierno chileno en este momento, aumentó la presencia de las fuerzas policiales y de inteligencia, se creó una zona especial de control y se invitó a que aquellos que tengan datos sobre el hecho, a que los aporten a la investigación.
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, fue contundente en sus declaraciones al sostener que “estamos en presencia de un grupo terrorista organizado, con métodos terroristas, con nexos internacionales que provienen con capacitación, con entrenamientos y con contactos con las FARC”. Si bien el presidente Piñera se encargó de aclarar que “esta lucha no es contra el pueblo mapuche, sino contra una minoría de delincuentes, de extremistas, de terroristas”, el Instituto Nacional de Derechos Humanos sostuvo que de aplicarse “la ley antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso.
«Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables”, denunciando la gravedad que podría aparejar la instrumentación de dicha ley sobre la comunidad mapuche.
Por su parte, representantes de los pueblos originarios se expresaron mediante una carta dirigida al presidente chileno, en la cual Juana Calfunao, en calidad de autoridad tradicional, sostuvo el repudio a los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes. Sin embargo, destaca son los mapuches los primeros afectados por los hechos de violencia y represión policial.
“Nosotros los mapuches, somos los primeros en repudiar, la violencia, ya que hemos vivido este trato inhumano por casi 130 años.” También hizo mención al poder político y judicial, denunciando que no cumplen un rol imparcial y responden de manera diferente ante hechos de violencia “los tribunales no son independientes, las autoridades políticas tratan con un racismo judicial marcado una notada deferencia a nuestro pueblo”, sostuvo.
El ministro del Interior, Andrés Chadwickitó convocó hoy a los presidentes de todos los partidos políticos de Chile a discutir el tema a fin de resolver un conflicto que lleva más de cien años. De la capacidad del arco político chileno de atender a los reclamos de la comunidad indígena y del gobierno de Piñera en dar una respuesta concreta desde el Estado, dependerá que la situación no siga agravándose y termine por llevarse más vidas.
