Un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el plenario de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) realizado en Córdoba en el mes de noviembre, contó que entre los rubros que tienen más trabajo informal o en negro, figuran el de las empleadas domésticas, la construcción, el comercio, los obreros rurales y los choferes de las empresas de remises (salvando las distancias con respecto a la magnitud de cada uno de ellos).
por Carlos Borgna
En el primero de los casos las cifras llegan al 80% y ya es conocido el ejemplo del campo donde hay niveles que van de pisos del 30%, a lugares entre el 70 al 75%, muchos de los cuales se encuentran en la zona más rica de la Provincia de Buenos Aires.
En numerosas ciudades del interior del país los propios sindicatos mercantiles reconocen que las cifras en los empleados/as de comercio se ubican entre el 30 al 40%. Y no hacemos referencia aquí, a las personas contratadas para atender en las fiestas navideñas o en el caso del personal doméstico, la mujer que limpia una casa dos horas por semana.
El trabajo en negro en la Argentina remite enseguida a dos elementos fundamentales. El primero es que existe una gran cantidad de trabajadores que no están representados por las distintas centrales sindicales, que no gozan de beneficios ni coberturas propias del empleo estable.
El segundo punto a considerar es que ese porcentaje que algunas fuentes oficiales y sindicales ubican cercano al 40% en todo el país, no realiza ningún aporte a la seguridad social; con lo cual, una inmensa masa de recursos que debería volcarse al sistema previsional, no se efectiviza, y por lo tanto resiente al mismo, al margen de las políticas que el gobierno nacional viene implementando en la materia.
Sin olvidarnos, por supuesto, del rol que tuvieron las AFJP y los grupos económicos que las sostuvieron.
Es claro que aquellos que reclaman por el 82%, deberían en primer lugar ocupar sus esfuerzos por pedir que esta situación se normalice; es decir que los sectores propietarios y de altos recursos tengan a su personal en las condiciones que la ley establece.
Surge nuevamente el rol del Estado, quien viene realizando inspecciones y controles a lo largo y ancho del país, en ciudades, pueblos y campos de la Argentina. Si bien la tarea es ardua, se ha incrementado en los últimos años, y sancionado a empresas y particulares, falta mucho todavía en este sentido.
Aparece entonces aquí, una de las respuestas del gobierno frente a la marginación y la pobreza, que para vastos sectores medios y altos de la sociedad argentina, constituye la fuente inagotable de vagos, y de clientelismo, que es la Asignación Universal por Hijo.
Esta es una herramienta para restituir derechos; es decir encuadrar a miles de argentinos que por diversas razones quedaron y siguen estando fuera del sistema, pero que deben, como contraprestación, mandar a sus hijos a la escuela y tener los esquemas de vacunación actualizados. Barrios completos y zonas del conurbano bonaerense y del interior del país han salido de la marginalidad fruto de esta política que termina siendo una rueda de tracción del consumo interno porque se vuelca preferentemente a la compra de alimentos, ropa, y elementos necesarios para la vida cotidiana. Los pequeños comerciantes de esos lugares pueden dar fe de la aseveración que hacemos.
Es de una mediocridad notable o de una actitud tan discriminatoria como mezquina, el andar sosteniendo el argumento que los pobres se embarazan para cobrarla, o que la utilizan para consumir más droga o cualquier “vicio” que ande dando vueltas. ¿Porqué ustedes suponen que los dirigentes opositores que señalaron hechos de este tipo, nunca se han presentado en la justicia con nombre y apellido a exponer sus denuncias concretas?
¿Cuántas asignaciones se “caerían” si se blanquease un alto porcentaje de empleadas domésticas, trabajadores rurales y de la construcción?
Y debería recordarse que hasta mediados de los años 70 existían enormes porcentajes de empleo estable, donde los activos hacían sus aportes; situación que cambió drásticamente luego, y hoy encontramos “opinólogos” que, curiosamente, desconocen este proceso y sólo, toman como elemento de análisis el valor de las jubilaciones actuales. No se puede explicar este presente sin recordar de donde venimos y quienes quebraron el aparato productivo de Argentina.
Es más, ¿a la gente le gusta ser pobre? En los años 90 en Rafaela cualquiera que recorriera los barrios mas humildes veía a las mujeres saliendo a buscar el bolsón de comida, las zapatillas que entregaban las instituciones de Bien Público y escuelas, la ropa de Caritas, entre tantos ciudadanos y organizaciones, que sumaban su esfuerzo ante la necesidad. Esa situación no ha desaparecido del todo, pero hoy en muchísimas de esas familias, hay una moto parada frente a la casa, paulatinamente se van sumando empleos estables, pueden adquirir productos electrodomésticos, celulares, y no se abren comedores comunitarios todos los meses.
Atorrantes existen en todos los sectores sociales o ¿quieren que dediquemos un diario a contar los ejemplos en la clase media alta y alta de la ciudad?
En Argentina hay un largo camino que recorrer para poner a la miseria contra la pared y es probable que en ese transitar se cometan errores, se implementen medidas pensadas en positivo pero que en la práctica no resultan; pero lo que importa es avanzar sin discriminación, sin marginar a esos “negros”, creyendo que los blanquitos somos los que hicimos grande, solos, solitos a este país. ¿O acaso nos olvidamos de Martinez de Hoz, Aleman y Cavallo?
Es por ello que: empleo en negro, jubilados, desarrollo industrial y redistribución de la riqueza van de la mano. No son temas separados, ni su abordaje puede hacerse desligando a uno del otro.
El aparato productivo de nuestra patria se comenzó a destruir con la Dictadura cívico-militar del 76 y se complementó con las políticas neoliberales de los 90; reconstruirlo no es tarea de pocos años. Hay también que modificar muchos valores y esquemas que dejó en nuestras cabezas esa época: el individualismo, el egoísmo, el miedo, la ley del gallinero, la falta de elaboración de políticas estratégicas, la creencia de que sólo el campo salva a nuestro país, la desvalorización como pueblo y argentinos. Y por sobre todo dejando de lado esa postura de criticar permanentemente, para pasar a decir en lo concreto y con propuestas posibles, como se mejoraría lo que los gobernantes están haciendo, teniendo en claro que nada que se parezca a lo que eclosionó en el 2001 va a enamorar a la gente.
