Se aprobó la iniciativa presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, por la cual el haber de retiro de todo el personal del Poder Judicial se establece en el 82% móvil de la remuneración total correspondiente al cargo en actividad, incluyendo los adicionales por antigüedad, los no remuneratorios, los no bonificables y todos aquellos que se asignen al cargo en el futuro.
La propuesta contó con el consenso de ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y representantes gremiales del sector, que este jueves asistieron a la sesión.
Ahora, tendrán derecho a la jubilación ordinaria con sesenta y cinco años de edad, y treinta de servicios computables en cualquier sistema de reciprocidad jubilatoria, y como mínimo quince años de aportes al Instituto de Previsión Social de Misiones, entre otros requisitos.
También se crea un Fondo Compensatorio para afrontar las nuevas erogaciones, bajo la administración del STJ. Estará compuesto por hasta el 50% de la recaudación del Fondo de Justicia, el 2 % de las remuneraciones brutas de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, por las partidas específicas asignadas por Rentas Generales y por el 75% de los haberes de los cargos vacantes por renuncia, fallecimiento o jubilación.
Asimismo, podrán acogerse a la ley los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que hayan obtenido beneficios previsionales por regímenes anteriores, con igual alcance para las pensiones de sus causahabientes.
En tanto, no podrán acceder al régimen quienes hayan sido removidos del ejercicio de sus funciones, o bien hubieren renunciado al cargo en virtud de una denuncia por juicio político o acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La iniciativa atiende al reclamo de magistrados y funcionarios judiciales, quienes a partir de la derogación en los años 90’ del régimen especial de jubilaciones establecido por el Antes Decreto Ley 598, quedaron comprendidos en el régimen ordinario de jubilaciones del empleado público, perdiendo los aportes diferenciales que habían realizado hasta ese momento, y quedando fuera de los estándares vigentes en las jurisdicciones de todo el país.
Cabe recordar que el proyecto, con el que originalmente se pretendía restituir el antiguo régimen de jubilaciones destinado a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, fue ampliado por decisión Rovira para que todos los agentes de la justicia puedan acogerse a los nuevos beneficios.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Ramona Velázquez aseguró que “para nosotros es un día histórico, y es un acto de justicia por lo que veníamos bregando y por todas las luchas que hemos tenido”.
“Se ha dado una justa reivindicación al Poder Judicial, y estoy muy contenta porque se pudo incluir a todo el personal, que permanentemente pone lo mejor de sí mismos para para permitir el acceso a la justicia a la comunidad”, destacó.
La titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Rosanna Venchiarutti dijo que es “una reivindicación y un reconocimiento. Nosotros estamos haciendo un gran sacrificio, trabajando, y esta es una ley que se autofinancia”.
“La ley del Consejo de la Magistratura es una bisagra en la vida institucional, y esta es otra bisagra; la primera permite el ingreso democrático al Poder Judicial, y lo segundo permite un egreso digno”, remarcó.
El vocal de Cámara, Miguel Moreira, consideró que “es un gran logro, pasaron muchos años desde que se había derogado la antigua ley de jubilaciones, se vino trabajando en ese sentido, y en la Legislatura encontramos el apoyo, tuvimos la posibilidad de trabajar de manera conjunta, permitieron que colaboremos con el proyecto, y realmente es momento de felicidad, tener una ley que proteja a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, para que puedan jubilarse dignamente”.
