Movilizaciones populares cada vez más masivas avanzan sobre las calles chilenas en reclamo de un cambio estructural en el paradigma educativo de ese país. Desde el ministerio de Educación, las respuestas de Joaquín Lavín apuntan a calmar el clima social, sin promover políticas concretas que resuelvan las problemáticas estudiantiles.
Las manifestaciones que comenzaron los últimos días de abril de 2011, encontraron en el transcurso de los últimos meses un gran apoyo y adhesión de numerosas unidades académicas en todo el país. Desde la movilización del 28 de abril, organizada en la ciudad de Santiago por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y fuertemente reprimida por la policía, hasta la reciente marcha del 16 de junio –también organizada en la capital chilena-, más de 70 mil personas se unieron a la lucha de los estudiantes universitarios.
Esta última movilización, en contra del lucro educativo y en pos de la reforma educacional, se convirtió según la Confech en “la marcha más masiva de los últimos 21 años”. En respuesta a la medida de fuerza, el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, concretó una reunión con dirigentes de agrupaciones estudiantiles y de profesores en la que hizo entrega de la propuesta oficial ante las demandas exigidas.
El ministro mantuvo contacto por vía escrita con la Confech, presentando en tres oportunidades diversas propuestas para calmar el clima de protesta. Sin embargo, lo puntos desarrollados desde el Ministerio de Educación fueron considerados insuficientes y ‘ambiguos’ por las distintas agrupaciones de estudiantes y docentes.
El proceso de privatización de la educación chilena, comenzado en la década del ’80 durante la dictadura de Augusto Pinochet, desarticuló la administración del sistema educativo, que pasó a estar en manos de los municipios. Las lógicas neoliberales impulsadas por el dictador en todos los ámbitos de la sociedad, alcanzaron también a la educación.
Lo que hasta entonces era un derecho, garantizado por la gratuidad en el acceso, pasó a ser una más entre las variables del mercado. El financiamiento de las instituciones educativas se convirtió en el resultado de la relación liberal entre la oferta y la demanda.
Según señala la investigadora del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Jenny Assaél, en una entrevista con el diario Página 12, “los establecimientos educacionales se financian con un monto que se define por alumno. Si disminuye la matrícula, disminuye el financiamiento, y así empieza a funcionar en la educación la lógica del mercado, la demanda y la competencia”.
Respecto a la educación universitaria, cabe destacar que en el país andino, tanto en las universidades públicas como en las privadas, los alumnos deben pagar una matrícula para acceder a la enseñanza. La Confech sostiene, respecto a la financiación, que sólo un “sólo el 15 por ciento lo aporta el Estado y más del 80 por ciento la familia”.
Para poder acceder a la educación superior, los estudiantes deben solicitar grandes créditos bancarios, que en muchos casos terminan aumentando los costos de los estudios casi al doble. Las lógicas neoliberales transformaron un derecho universal en un privilegio para pocos.
La docente e investigadora Jenny Assaél sostuvo que “las universidades públicas siguen siendo las más prestigiosas, pero ahí no llegan los sectores populares, o medios bajos, porque deberían pagar y no tienen capacidad de endeudamiento. El promedio que debe pagarse son 5500 dólares al año”.
En el mismo sentido, la Confech sostiene que “60 de cada 100 jóvenes no acceden a la educación superior, y de quienes lo logran, el 50 por ciento no alcanza a terminar sus estudios”. El problema del endeudamiento y los altos aranceles universitarios forman parte de los principales reclamos de los estudiantes y docentes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, planteó durante la última manifestación que el reclamo sigue siendo el mismo: “educación pública para Chile, que se termine con el lucro en la educación, que el Estado recupere su rol, que se privilegie lo público por sobre lo privado, más democracia en las escuelas y las universidades y que se avance a una educación de calidad y no elitista como ahora”.
La vigente ley de educación de Chile, en correspondencia con la antigua Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de la dictadura, determina que las universidades deben ser entidades sin fines de lucro. La contradicción entre la legislación actual y la alta cuota arancelaria (una de las más caras del mundo, según la Confech) sostienen el reclamo por el ‘fin al lucro’ y la gratuidad de la enseñanza.
Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) pidieron formalmente la renuncia del Ministro de Educación y socio fundador de la Universidad del Desarrollo.
El vocero de Aces, Alfredo Vielma, sostuvo que “consideramos que debe entrar un nuevo ministro a la cabeza de la cartera, uno que no sea dueño de las universidades, como es Lavín en la Universidad del Desarrollo, en este caso, un ministro que esté limpio de participación en entidades privadas como son las universidades o los liceos, que no sea sostenedor de ninguna universidad y de ningún liceo”.
La última propuesta oficial para terminar con las manifestaciones de más de 30 universidades y la adhesión de estudiantes secundarios que, desde principios de junio, se mantienen en huelga y ocupan unos 200 establecimientos escolares, se manifestó formalmente el pasado 22 de junio.
El ministro Lavín, que en sus declaraciones dejó en claro que no renunciaría, presentó ante representantes de la Confech, la Fech, la Universidad de Santiago, la Pontificia Universidad Católica y el Colegio de Profesores, una propuesta abarcativa del reclamo por parte del Ministerio.
Camila Vallejos (Fech) manifestó luego del encuentro: “Hay una propuesta concreta finalmente, que era lo que estábamos esperando. Hay puntos que no habían sido mencionados antes pero esperaremos a discutirlo con nuestros compañeros. Este documento va a ser bajado a los estudiantes, para que lo discutan desde Arica a Magallanes”.
Por otro lado, según el portal chileno noticias123.cl “el Colegio de Profesores rechazó la respuesta del ministro de Educación, Joaquín Lavín, ante las demandas del movimiento ciudadano por la Educación, no aceptando formar una mesa negociadora y convocando a un paro nacional para el próximo jueves 30 de junio”. Por el contrario, los estudiantes nucleados en la Confech aún no han manifestado su posición.
La lucha chilena por una educación pública y gratuita, continúa. La represión de la protesta social, también.
