Hace cinco años, algunos importantes medios de comunicación colombianos –entre ellos la revista Semana– empezaron a divulgar lo que las organizaciones de derechos humanos ya sabían: los altos mandos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de investigación político que depende directamente del presidente de Colombia– encargaban a jefes paramilitares el asesinato de opositores políticos. Uno de los funcionarios, Rafael García, reconoció que varias operaciones de “guerra sucia” conducidas por el DAS habían sido financiadas con dinero del tráfico de cocaína. A pesar de su gravedad, esas informaciones fueron quedando, como tantas otras, sin pies ni cabeza en la rúbrica “justicia nacional”.
Paralelamente, se iba descubriendo que la orden de espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas “clasificados” como de izquierda venía del Palacio Nariño, la casa de gobierno de Colombia. Como quizás estas personas “colaboraban” con los “terroristas” de la guerrilla, esos procedimientos se siguieron tratando como simples noticias. Las reacciones comenzaron a cambiar cuando los medios revelaron que el espionaje ilegal implicaba a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a dirigentes de los partidos tradicionales.
El ambiente se fue caldeando cuando se ordenó investigar a funcionarios del DAS. Su jefe máximo, es decir, el presidente Álvaro Uribe, salió a defenderlos y hasta ofreció poner las manos en el fuego por ellos, convencido de su inocencia. Poco después algunos de esos funcionarios –entre ellos el ex director General del Instituto, Jorge Noguera– fueron encarcelados. En ese momento, Uribe aseguró que ello sólo servía a la “estrategia desestabilizadora” de los “terroristas”. Estas frases, constantemente repetidas, funcionaron como un amenazante chantaje.
Eso, hasta el 15 de abril pasado, cuando el popular director de noticias de RCN-Radio, Juan Gossaín, leyó extractos de unas páginas que le habían filtrado, y que formaban parte de los documentos encontrados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación durante un allanamiento al DAS. En ellas se comprobó que desde el año 2005 se había montado toda una estrategia que iba desde el espionaje y desprestigio a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y opositores –en especial el Frente social y político, de centro-izquierda, y la senadora Piedad Córdoba, también de centro-izquierda–, hasta la programación de atentados terroristas que luego serían adjudicados a las organizaciones guerrilleras.
Toda esa información estaba contenida en carpetas clasificadas igual que las operaciones: “Amazonas”, “Transmilenio”, “Bahía”, “Halloween”, “Arauca”, “Intercambio”, “Risaralda”, “Internet”, y “Europa”. Estos son algunos ejemplos de su contenido: “Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno”; “Generar división al interior de los movimientos de oposición”; “Impedir la materialización de manifestaciones convocadas por la oposición”; “Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo”; “Estrategias: desprestigio y sabotaje. Acción: alianza con los servicios de inteligencia extranjeros, comunicados y denuncias en páginas web, guerra jurídica”; “Utilización de los medios de comunicación, encuestas de opinión, (…) chats”; “Sabotaje: terrorismo, explosivos, incendios, servicio público, tecnológico. Presión: amenazas y chantaje”.
El periodista, luego de leer lo anterior, expresó enardecido: “Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que intentó convertir a nuestro país en un Estado de policías y de terroristas del Estado. (…) ¿Quién fue el que concibió el plan macabro de perseguir a opositores, reales o imaginarios, como si fueran delincuentes? ¿Quién está atrás de esto? ¿Tres detectives del DAS? ¡No me hagan reír! (…) Queremos saber si el DAS es una institución respetable del Estado o es una cueva de bandidos. Esto no lo hacen sino los bandidos: perseguir a los demás, poner bombas para hacer creer que fue la oposición (…)” (1).
“Operación Europa”
El pasado 20 de abril RCN-TV hizo otras revelaciones: las actividades del DAS sobrepasaron las fronteras de Colombia. “Los seguimientos, aparentemente ilegales, que el DAS realizó en el exterior a quienes el gobierno consideraba como enemigos u opositores, fueron rotulados en una carpeta bautizada como ‘Europa’ (…).”
La “Operación Europa” tuvo como objetivo neutralizar la influencia del sistema jurídico europeo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y de gobiernos nacionales. La única estrategia: desprestigiar esas entidades emitiendo comunicados y denuncias en internet, y llevar a cabo una guerra jurídica contra ellas.
Seminarios, foros y talleres organizados por diferentes ONG dieron lugar a informes confidenciales y a la elaboración de un “álbum fotográfico y clínico” de quienes asistieron. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) denomina desde los años 1950 “álbum clínico” al Estudio Psiquiátrico Personal (Psychiatric Personality Study, PPS) de aquellos que considera como “enemigos”. En él se incluyen las investigaciones de psicólogos, psiquiatras, periodistas, etcétera, sobre la presunta personalidad y el comportamiento del sujeto investigado desde su infancia, y comprende sus eventuales enfermedades y aún sus “gustos” sexuales. Los “estudios” se hacen a partir del análisis de conferencias, escritos y otras actividades realizadas por el sujeto investigado (2).
“En los archivos del DAS recuperados por el CTI figuran, por ejemplo –según reveló RCN-TV–, copias de pasaportes y currículum vitae de ciudadanos europeos, centroamericanos y suramericanos que visitaron Colombia, o que hubieran participado en tales eventos. (…) El DAS envió a Europa a su funcionario Germán Villalba, quien instaló en diferentes capitales de ese continente una oficina satélite desde la cual dirigió un grupo que hacía seguimientos que incluyeron grabaciones de video y de audio, fotografías y un registro de desplazamientos de las personas con visa, en su mayoría colombianos residentes allí, o que visitaron países como Suiza, Francia y España, y que el DAS rotuló como ‘adversarios del actual gobierno colombiano’ y ‘agitadores contra Uribe en gira’”.
Por otra parte, “llama la atención de los investigadores el hallazgo de una carpeta rotulada como ‘Parlamento Europeo’, en la que se citan los nombres de los parlamentarios europeos simpatizantes del gobierno colombiano, y de los no simpatizantes (…)”.
Cesar Julio Valencia Copete, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, luego de escuchar las declaraciones de algunos funcionarios del DAS ante la Fiscalía, dijo a RCN-TV que se sentía “horrorizado” al constatar que la sede presidencial “no sólo era la destinataria de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sino que también dirigía, direccionaba o manipulaba tales seguimientos o ‘chuzadas’, como se les denomina”.
El presidente Uribe se ha limitado a decir que él ignoraba todo este asunto. La pregunta a realizar es: ¿qué saben sobre esto las autoridades de los países europeos afectados?
2 Para ampliar el tema, véase Thomas Gordon, Las armas secretas de la CIA, Ediciones B, Barcelona, 2007.
