A solo título de ejemplo, los jefes de las Fuerzas Armadas deberían ocupar hoy el Directorio del Comité Federal de Radiodifusión –COMFER- según esa ley -anterior a la televisión por cable- cuya letra no contempla, por caso, que las regulaciones se apliquen a los productores de contenidos y las señales de la TV paga. Tal es el desfasaje de la norma vigente. Por tratarse de un recurso natural escaso –y de un patrimonio común de la humanidad- las frecuencias radioeléctricas son objeto en todo el mundo de diversas regulaciones encaminadas a procurar que su uso permita a los ciudadanos el acceso a la información, la educación, la cultura y el entretenimiento con pluralismo y diversidad. En la segunda mitad de los 90, tanto Estados Unidos como Europa actualizaron sus leyes enfatizando la defensa de la diversidad y el interés público de los servicios audiovisuales. Las nuevas plataformas de emisión, producción y distribución de contenidos audiovisuales han adquirido –en los tiempos de la convergencia de tecnologías disponibles- una magnitud sin precedentes, constituyendo corporaciones cuya actividad tiene un alto impacto económico y social en sus áreas de influencia. Ese impacto económico y social de la comunicación electrónica ha determinado la adopción de reglas de juego que se inscriben en los modelos de sociedad y de convivencia social, de economía y en los proyectos nacionales (o regionales en el caso europeo), tomando en cuenta que la sola lógica del mercado constituye una puerta abierta a la concentración de los emisores en pocas manos y a la manipulación de contenidos para captar audiencias a cualquier precio. Criterios como los adoptados por el Acta de Comunicaciones de los Estados Unidos de 1996 y por la Directiva Europea de Televisión sin Fronteras –que entró en vigor en 1991 y se actualizó en 1997 y 2007- no atentaron contra la escala económica necesaria para los operadores comerciales, pero asumieron –a través de diversas obligaciones- que los medios constituyen el principal espacio público de debate ciudadano, que deben respetar reglas de juego así como la convivencia con los medios estatales y de naturaleza no comercial. El caso más emblemático probablemente lo constituya la poderosa OFCOM –el ente regulador de telecomunicaciones y radiodifusión- de Gran Bretaña con su durísima regulación en materia de contenidos, especialmente cuando se refiere a cuestiones que afectan el interés nacional o del público. No hace mucho, algunos periodistas británicos fueron citados por el Congreso para explicar su rol durante la crisis financiera internacional. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está obligada a revisar cada dos años la normativa con el fin de satisfacer la diversidad y el interés del público. Aún no logra imponer su criterio de que el periódico local pueda tener también el canal de televisión o la emisora de radio. Argentina todavía se debate con una ley que obliga a intervenir el COMFER para evitar el gerenciamiento militar, que -a las puertas de la TV digital- aún no incorporó una normativa apropiada para el cable, que impide el desarrollo de nuevos medios de gestión estatal, que favorece la concentración económica, que ignora al parlamento y que reniega de toda participación federal así como de la sociedad civil. La convocatoria al debate democrático de un nuevo escenario jurídico, tal como lo ha planteado la Señora Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que tome nota de los tiempos que corren en el mundo -en lo tecnológico y en lo social-, que refleje los “21 puntos” de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ha provocado la reacción inexplicable de sectores que –sin conocer la propuesta- la descalifican en nombre de la libertad de expresión. Esconderse en la chicana y el exabrupto para esquivar el debate es, sin dudas, una de las peores formas de censura. Hace más de 25 años que la democracia se debía el debate de una nueva ley de radiodifusión. Finalmente, esos borradores que comenzaron a pensarse desde mediados de la década del ’80 en facultades de Comunicación, en barrios, en medios de baja potencia, en asociaciones sin fines de lucro y en muchos rincones de todo el país, llegaron al Congreso. Justamente el mismo día en que se cumplen 89 años de la primera transmisión radial, realizada en la terraza del Teatro Coliseo. Bautizada como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la norma contempla los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”, aportados por distintas organizaciones sociales, a los cuales se sumó el aporte de más de 20 foros desarrollados en todo el país. Ese debate anticipado y horizontal, sin embargo, fue cuestionado por distintos diputados de la oposición, quienes advirtieron que con eso se pretendía “condicionar el debate en el Congreso”. Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de la ONU, buscó saldar esa polémica con una definición contundente: “A muchos legisladores, a veces se les olvida que no son la autoridad de un pueblo, sino representantes, que no es lo mismo. Es muy importante que se haya sometido a una consulta”. En las últimas semanas, la adquisición de los derechos de televisación de los partidos de fútbol por parte del Estado dejó en evidencia la concentración mediática, reabrió el debate sobre el papel de los medios en la comunicación, y puso en cuestión la diferencia entre libertad de empresa y libertad de prensa. Es evidente que la propuesta elevada al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo, es el proyecto más trascendente de las últimas décadas. Destacamos de él: 1- Autoridad de aplicación. El Comité Federal de Radiodifusión dejará de existir. Será reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que tendrá un directorio con cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, y dos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Este organismo regulará los medios electrónicos en la Argentina. El control del Congreso se prevé como una forma de evaluar el funcionamiento de la autoridad de aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor Público. Por eso se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual. También nace el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con representantes de las Provincias, de las cámaras de prestadores privados, de universidades, de medios públicos y hasta de trabajadores, entre otros. Su tarea será proponer los jurados de los concursos, colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión. 2- Contenidos y publicidad. Se exigirá el 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la televisión. Se propone una cuota de pantalla de cine nacional. Además, se establecerá un consejo asesor sobre temas audiovisuales e infancia para fomentar la producción de contenidos educativos e infantiles. El proyecto inicial ya dejaba en claro que los partidos de fútbol relevantes se podrán ver por TV abierta. La publicidad en los canales de aire no podrá ser mayor a los 12 minutos por hora. Si bien el proyecto oficial otorgaba la misma cantidad de minutos al cable, se evaluaba mermar la cantidad de minutos de avisos en los servicios pagos. 3- Sin fines de lucro y comunitarios. Las entidades sin fines de lucro también podrán ser licenciatarias y se les reservará, con carácter inderogable, el 33% del espectro. Podrán sumarse asociaciones, fundaciones, mutuales, entre otras. También se establece un régimen abierto de participación para las cooperativas. Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas. Con estas medidas, se amplía la oferta de señales públicas y gratuitas, con contenidos que no persigan objetivos comerciales. 4- Medios públicos. El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. También se permitirá que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. La ampliación de la oferta repartirá la audiencia en un sentido plural. 5- Plazo de licencias. Las licencias tendrán una duración de 10 años y se podrán prorrogar por 10 años más, previa realización de audiencias públicas. Este mecanismo se crea para determinar prórrogas de licencias y decisiones sobre el uso que se dará a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el destino del dividendo digital. Si bien no está comprendido en la ley, el Gobierno ya ha decidido adoptar la norma de televisión digital japonesa, integrándose con Brasil. 6- Titularidad de licencias. Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto. También se exigirá a los medios que tengan una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario. 7- Multiplicidad de licencias. Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios. La autoridad de aplicación revisará cada dos años la cláusula de multiplicidad de licencias, no las licencias. Hasta ahora, una sola persona podía ser titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV). En la nueva ley sólo podría llegar a tener 10 licencias. Las licencias de TV paga tendrán un límite de 24, pero la autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias. La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total de habitantes o abonados. 8- Licencias por zona. El tablero de medios ya no será el mismo. A nivel local, se podrá acceder a una AM, dos FM (en tanto existan más de ocho licencias en el área primaria), hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción (siempre que no tenga una licencia de TV abierta), hasta una licencia para canal de aire, siempre que no tenga una licencia televisiva por suscripción. En ningún caso, la suma total de licencias otorgadas en la misma área podrá superar las tres licencias. Será posible tener una licencia de radio y una de servicios audiovisuales. 9- Cambios en el cable. Los prestadores de servicios por cable no podrán ser titulares de señales abiertas en la misma área de cobertura. Este es uno de los puntos de la ley que más enoja al Grupo Clarín, que además de tener Canal 13, forma parte de Cablevisión/Multicanal y de varias señales de cable. Los prestadores de cable, en zonas donde sean el único servicio existente para mirar televisión, deberán disponer de una tarifa social. 10- Ingreso de empresas de servicios públicos. Se habilita el acceso a licencias de servicios de televisión por suscripción a las empresas de servicios públicos. Cuando exista otro prestador en la misma área, la autoridad de aplicación deberá evaluar la solicitud que contemple el interés de la población. En caso de presentarse oposición, se deberá solicitar un dictamen vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si son prestadoras de servicios de telecomunicación, la condición es que se garantice que más del 50% de su mercado esté disponible para que otro prestador pueda participar. Deberán facilitar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. Todo lo antes afirmado, nos permite expresar con la mayor certeza, que por otra parte, CUALQUIER LEY DE LA DEMOCRACIA VA A SER MEJOR QUE UNA LEY DE LA DICTADURA. Pero insistimos en resaltar, que el Proyecto del Poder Ejecutivo, ha sido discutido y enriquecido a lo largo y a lo ancho del País. Al principio de todo, 25 años atrás, entendíamos que el camino iba a ser más corto. Postergaciones inentendibles de gobiernos surgidos de la voluntad popular.Y ahora se inició una ronda de diálogo con los actores principales de la comunicación , para dar un marco regulatorio acorde a los tiempos que corren (y mucho ha corrido) a la comunicación, que la realidad exige y la Democracia necesita. Aún hoy, se nos hace difícil entender que se pueda argumentar a favor de aquello firmado por Videla y Martínez de Hoz, pero más allá de nuestras dificultades de entendimiento, sucede. Atacar lo que viene, sin saber lo que viene, puede ser miedo a lo desconocido, que es natural y humano, o puede ser lobby furioso hacia los medios concentrados del poder y la comunicación, que es económicamente también humano. Todo lo que lleve la firma de un Gobierno Constitucional, elegido por el Pueblo, que pase por la vista y las manos de los legisladores, también elegidos por el Pueblo, nunca puede ser peor que algo firmado por aquello surgido de un golpe institucional. Nada justifica ya demorar más el debate del reparto equitativo de la palabra. Nada más puede interponerse ante la necesidad de democratizar el espectro. Esta Cooperativa de Trabajo de Radio y Televisión –RUMBOS-, viene también por este acto, a denunciar que es más que evidente, que quienes se oponen a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, han iniciado una guerra psicológica por todos los medios. La consigna de los enemigos del Pueblo, es sembrar incertidumbre y zozobra, una suerte de «está todo mal, por la dudas», porque cada vez que uno interpela al señor que consume las tapas de los diarios o la caja boba de la TV, no sabe muy bien qué es lo que está mal. Decimos, además, que de todos los Proyectos en discusión por parte de las distintas Comisiones del Parlamento, y objetos de esta Audiencia Pública, el presentado por el Poder Ejecutivo Nacional –Expediente 0022-PE-09. Mensaje Nº 1139 y Proyecto de Ley del 27 de Agosto de 2009, referido a Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina- es el único que contiene a todos los demás presentados, y es el que se adecua a los múltiples reclamos que desde todos los rincones del país, realizan hombres y mujeres, organizaciones civiles y los Estados Nacional, Provinciales y Municipales. Más allá de lo obvio, se debe superar con hidalguía y patriotismo esta instancia de transformaciones, y trabajar para consolidar nuestra Democracia, acatando lo que desde años viene pidiendo de diferentes maneras, la mayoría del pueblo argentino.
Proceder de conformidad a lo aquí expresado, será justicia.
Carlos Alberto Ripoll
RUMBOS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA
Fuentes consultadas:- Lic. Walter Formento – CIEPE (Centro de Investigación en Política y Economía) – Comisión “Nicolás Casullo” de Medios Audiovisuales en Carta Abierta- LACORAMECO (La Confederación de Radios y Medios de Comunicación)- Lic. Gabriel Merino – Encuentro Nacional, Popular y Latinoamericano y CIEPE – CMP (Central de Movimientos populares de la República Argentina)- COMFER (Comité Federal de Radiodifusión)
