Las corporaciones tienen claro el imperio de su influencia sobre amplios sectores de la comunidad. Corren tiempos en que las porciones de ‘realidad’ se perciben a través del gran aparato multimedia. Por eso planifican campañas a favor de sus intereses, aunque estos atenten contra el interés colectivo, y no se ponen ni un poco colorados por ello. Para que todo funcione, cuentan con representantes en el interior del dispositivo político. Los hay de derecha, muchos, pero también están los otrora progresistas, a quienes se los reconoce por su repentino alto nivel de aparición en los medios del sistema. Ellos se encargan de pronunciar el discurso que da sustento al operativo y los grandes medios hacen la reproducción masiva. Es lo que sucedió a partir del anuncio presidencial del envío de la propuesta al Parlamento. Bueno, en rigor de verdad, lo que tuvo visibilidad merced al bombardeo mediático. Así las cosas, el primer argumento al que echaron mano fue la “ilegitimidad” del Congreso actual y plantearon debatir el nuevo marco regulatorio de la comunicación social después del 10 diciembre próximo. Mientras tanto pergeñarían nuevos fundamentos para continuar con la dilación. Al fin y al cabo, para quienes edificaron tanto poder y riqueza al amparo de la norma de la dictadura, la mejor ley es la que no existe. Cuestionar la legitimidad del cuerpo legislativo es poner en tela de juicio el orden constitucional. ¿Será que eso les importa? En ese sentido y con similar propósito, acusan al trámite por su celeridad y escasa participación. Parece que 26 años no es tiempo suficiente para cambiar la letra de los años de plomo o que el lustro de trabajo común del colectivo que contiene a más de 300 organizaciones representativas del pueblo y su veintena de propuestas no tiene entidad ante tanto poder concentrado. Desconocen las reuniones convocadas por la Presidenta en la Casa Rosada, los 23 foros con miles de participantes, las cientos de charlas y debates que distintas organizaciones populares organizaron en diversos puntos del país, los numerosos aportes que se incorporaron al proyecto original y la Audiencia Pública que lleva adelante en estos días la Cámara de Diputados. Todo esto poco importa, al final ellos configuran su relato sobre la base de ocultar y deformar. Más allá de los intentos por tapar el sol con la mano, el actual proceso para la regulación de los medios electrónicos conlleva uno de los hechos políticos de mayor impacto para el derrotero cotidiano de la sociedad argentina. Si por fin se logra promulgar la nueva ley, estaremos en condiciones de afirmar que no hay antecedentes de leyes nacidas desde tan abajo y con tanto protagonismo popular. Este hecho, por sí solo, amerita el regocijo de la comunidad toda.
Sergio Fernández Novoa Comunicación y Política para el Proyecto Nacional
